Constitución Política de Colombia

Disposiciones transitorias

CAPITULO I.

ARTICULO TRANSITORIO 1.  Convócase a elecciones generales del Congreso de la República para el 27 de octubre de 1991.

El Congreso así elegido, tendrá el período que termina el 19 de julio de 1994.

La Registraduría del Estado Civil, abrirá un período de inscripción de cédulas de ciudadanía.

Concordancias Artículos: 42, 43, 44, 265 numeral 7

ARTICULO TRANSITORIO 2. No podrán ser candidatos en dicha elección los delegatarios de la Asamblea Constituyente de pleno derecho ni los actuales Ministros del Despacho.

Tampoco podrán serlo los funcionarios de la Rama Ejecutiva que no hubieren renunciado a su cargo antes del 14 de junio de 1991.

Concordancias Artículos: T6, T18, T22, T27, T35, T59

ARTICULO TRANSITORIO 3.  Mientras se instala, el 1 de diciembre de 1991 el nuevo congreso, el actual y sus comisiones entrarán en receso y no podrán ejercer ninguna de sus atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República.

Concordancias Artículos: 41, 44

ARTICULO TRANSITORIO 4.  El Congreso elegido el 27 de octubre de 1991 sesionará ordinariamente así:

Del 1o. al 20 de diciembre de 1991 y del 14 de enero al 26 de junio de 1992. A partir del 20 de julio de 1992 su régimen de sesiones será el prescrito en esta Constitución.

Concordancias Artículos: 41, 43

ARTICULO TRANSITORIO 5.  Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para:

  1. a) Expedir las normas que organicen la Fiscalía General y las normas de procedimiento penal;
  2. b) Reglamentar el derecho de tutela;
  3. c) Tomar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura: <sic>
  4. d) Expedir el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 1992;
  5. e) Expedir normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.

Concordancias Artículos: 11, 86, 241, 282

ARTICULO TRANSITORIO 6.  Créase una Comisión Especial de treinta y seis miembros elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser Delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y entre el 18 de noviembre de 1991 y el día de la instalación del nuevo Congreso. La elección se realizará en sesión convocada para este efecto el 4 de julio de 1991.

Esta Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones:

  1. a) Improbar por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto que prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo anterior y en otras disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de nombramientos.

Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.

  1. b) Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la Constitución. La Comisión Especial podrá presentar dichos proyectos para que sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República.
  2. c) Reglamentar su funcionamiento.

PARAGRAFO. Si la Comisión Especial no aprueba antes del 15 de diciembre de 1991 el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 1992, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o fusionar empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.

Concordancias Artículos: T8, T30; T59, T2; T18, T22; T27, T35, T7, T9, T11

ARTICULO TRANSITORIO 7.  El Presidente de la República designará un representante del Gobierno ante la Comisión Especial, que tendrá voz e iniciativa.

Concordancias Artículos: T6, T8, T9, T11

ARTICULO TRANSITORIO 8.  Los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgación del presente Acto Constituyente, continuarán rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión Especial no los imprueba.

Concordancias Artículos: T6, T30, T59, T7, T9, T11

ARTICULO TRANSITORIO 9.  Las facultades extraordinarias para cuyo ejercicio no se hubiere señalado plazo especial, expirarán quince días después de que la Comisión Especial cese definitivamente en sus funciones.

Concordancias Artículos: T6

ARTICULO TRANSITORIO 10.  Los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en los anteriores artículos tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.

Concordancias Artículos: 241 al 243, 278, T5

ARTICULO TRANSITORIO 11.  Las facultades extraordinarias a que se refiere el Artículo Transitorio 5, cesarán el día en que se instale el Congreso elegido el 27 de octubre de 1991.

En la misma fecha la comisión especial creada por el artículo transitorio 6 también cesará en sus funciones.

Concordancias Artículos: T5, T6

ARTICULO TRANSITORIO 12.  Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que tendrán lugar el 27 de octubre de 1991, o nombrar directamente por una sola vez, un número plural de Congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.

El número será establecido por el Gobierno Nacional, según valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los Senadores y Representantes a que se refiere este artículo serán convenidos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros y su designación corresponderá al Presidente de la República.

Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser Congresista.

Concordancias Artículos: 132, 171, 176, 179, 189, 213, 260, 299

ARTICULO TRANSITORIO 13.  Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas donde ellos estuvieran presentes; y para proveer a la organización territorial, organización y competencia municipal, servicios públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos colegiados municipales en dichas zonas.

El Gobierno Nacional entregará informes periódicos al Congreso de la República sobre el cumplimiento y desarrollo de este artículo.

Concordancias Artículos: 118, 200 numeral 5; 213, 215, 260, 262, 318, 338, T12, T30

ARTICULO TRANSITORIO 14.  Dentro de la legislatura que se inicia el primero de diciembre de 1991, el Congreso Nacional, el Senado de la República y la Cámara de Representantes expedirán su respectivo reglamento.  De no hacerlo, lo expedirá el Consejo de Estado, dentro de los tres meses siguientes.

Concordancias Artículos: 114, 143, 151, 154, 174, 176, 178, 199, 200, T12

ARTICULO TRANSITORIO 15.  La primera elección de Vicepresidente de la República se efectuará en el año de 1994. Entre tanto, para suplir las faltas absolutas o temporales del Presidente de la República se conservará el anterior sistema de Designado, por lo cual, una vez vencido el período del elegido en 1990, el Congreso en pleno elegirá uno nuevo para el período de 1992-1994.

Concordancias Artículos: 135, 145, 146, 202, 265 numeral 7, 267

ARTICULO TRANSITORIO 16.  Salvo los casos que señale la Constitución, la primera elección popular de gobernadores se celebrará el 27 de octubre de 1991.

Los gobernadores elegidos en esa fecha tomarán posesión el 2 de enero de 1992.

Concordancias Artículos: 309

ARTICULO TRANSITORIO 17.  La primera elección popular de Gobernadores en los departamentos del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada se hará a más tardar en 1997.

La ley puede fijar una fecha anterior. Hasta tanto, los gobernadores de los mencionados departamentos serán designados y podrán ser removidos por el Presidente de la República.

 Concordancias Artículos:309

ARTICULO TRANSITORIO 18.  Mientras la ley establece el régimen de inhabilidades para los gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrán ser elegidos como tales:

  1. Quienes en cualquier época hayan sidos <sic> condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, con excepción de quienes lo hubieran sido por delitos políticos o culposos.
  2. Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección hubieren ejercido como empleados públicos jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar a nivel nacional o en el respectivo departamento.
  3. Quienes estén vinculados por matrimonio o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con quienes se inscriban como candidatos en las mismas elecciones a Congreso de la República.
  4. Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección, hayan intervenido en la gestión de asuntos o en la celebración de contratos con entidades públicas, en su propio interés o en interés de terceros.

La prohibición establecida en el numeral dos de este artículo no se aplica a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Concordancias Artículos:126, 179, 267, 292, T2

ARTICULO TRANSITORIO 19.  Los alcaldes, concejales y diputados que se elijan en 1992 ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994.

 Concordancias Artículos: 259, 260

CAPITULO II.

ARTICULO TRANSITORIO 20.  El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece.

Concordancias Artículos: 40, 135, 150 numeral 7; 189 numeral 16, 56, T55, T57

ARTICULO TRANSITORIO 21.  Las normas legales que desarrollen los principios consignados en el artículo 125 de la Constitución serán expedidas por el Congreso dentro del año siguiente a su instalación. Si en este plazo el Congreso no las dicta, el Presidente de la República queda facultado para expedirlas en un término de tres meses.

A partir de la expedición de las normas legales que regulen la carrera, los nominadores de los servidores públicos la aplicarán en un término de seis meses.

El incumplimiento de los términos señalados en el inciso anterior será causal de mala conducta.

Mientras se expiden las normas a que hace referencia este artículo, continuarán vigentes las que regulan actualmente la materia en cuanto no contraríen la Constitución.

 Concordancias Artículos:125, 127, 130, 180, 217, 218, 232, 242, 253, 256, 268, T22

CAPITULO III.

ARTICULO TRANSITORIO 22.  Mientras la ley no fije otro número, la primera Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para un período de un año así:

Dos por el Presidente de la República;

Uno por la Corte Suprema de Justicia;

Uno por el Consejo de Estado, y

Uno por el Procurador General de la Nación.

Los magistrados así elegidos designarán los dos restantes, de ternas que presentará el Presidente de la República.

La elección de los Magistrados que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Presidente de la República y al Procurador General de la Nación, deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta y si no se efectuare la elección por alguno de los órganos mencionados en dicho término, la misma se hará por los magistrados restantes debidamente elegidos.

PARAGRAFO 1o. Los miembros de la Asamblea Constituyente no podrán ser designados Magistrados de la Corte Constitucional en virtud de este procedimiento extraordinario.

PARAGRAFO 2o. La inhabilidad establecida en el artículo 240 para los Ministros y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no es aplicable para la integración inmediata de la Corte Constitucional que prevé este artículo.

Concordancias Artículos: 127, 173 numeral 6; T2, T21

ARTICULO TRANSITORIO 23.  Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de la Constitución dicte mediante decreto, el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.

En todo tiempo el Congreso podrá derogar o modificar las normas así establecidas.

Mientras se expide el decreto previsto en el inciso primero, el funcionamiento de la Corte Constitucional y el trámite y despacho de los asuntos a su cargo, se regirán por las normas pertinentes del decreto 432 de 1969.

Concordancias Artículos: Decreto 432/69; 214 numeral 6

ARTICULO TRANSITORIO 24.  Las acciones públicas de inconstitucionalidad instauradas antes del 1 de junio de 1991 continuarán siendo tramitadas y deberán ser decididas por la Corte Suprema de Justicia, dentro de los plazos señalados en el decreto 432 de 1969.

Las que se hubieren iniciado con posterioridad a la fecha citada, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren.

Una vez sean fallados todos los procesos por la Corte Suprema de Justicia conforme al inciso primero del presente artículo, su Sala Constitucional cesará en el ejercicio de sus funciones.

Concordancias Artículos: Decreto 432/69, 40, 237, 241, 242, 379

ARTICULO TRANSITORIO 25.  El Presidente de la República designará por primera y única vez a los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala Administrativa será integrada con arreglo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 254 de la Constitución.

Concordancias Artículos: 45, 116, 156, 174, 197, 231, 254, al 257, 341, T26, T27

ARTICULO TRANSITORIO 26.  Los procesos que se adelanten actualmente en el Tribunal Disciplinario, continuarán tramitándose sin interrupción alguna por los magistrados de dicha corporación y pasarán al conocimiento de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desde la instalación de la misma.

Concordancias Artículos: 116, 156, 174, 197, 231, 254 al 257, 341, T25, T27

ARTICULO TRANSITORIO 27.  La Fiscalía General de la Nación entrará a funcionar cuando se expidan los decretos extraordinarios que la organicen y los que establezcan los nuevos procedimientos penales, en desarrollo de las facultades concedidas por la Asamblea Nacional Constituyente al Presidente de la República.

En los decretos respectivos se podrá, sin embargo, disponer que la competencia de los distintos despachos judiciales se vaya asignando a medida que las condiciones concretas lo permitan, sin exceder del 30 de junio de 1992, salvo para los jueces penales municipales, cuya implantación se podrá extender por el término de cuatro años contados a partir de la expedición de esta reforma, según lo dispongan el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.

Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Las demás fiscalías se incorporarán a la estructura orgánica y a la planta de personal de la Procuraduría. El Procurador General señalará la denominación, funciones y sedes de estos servidores públicos, y podrá designar a quienes venían ejerciendo dichos cargos, conservando su remuneración y régimen prestacional.

La Procuraduría Delegada en lo Penal continuará en la estructura de la Procuraduría General de la Nación.

Igualmente pasarán a la Fiscalía General de la Nación, la dirección nacional y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el cuerpo técnico de policía judicial, y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal aduanera.

La Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General como establecimiento público adscrito a la misma.

Las dependencias que se integren a la Fiscalía General pasarán a ella con todos sus recursos humanos y materiales, en los términos que señale la ley que la organice.

Concordancias Artículos: 150 numeral 19 literal c), 189 numeral 25, T2

ARTICULO TRANSITORIO 28.  Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos.

 Concordancias Artículos:28

ARTICULO TRANSITORIO 29.  Para la aplicación en cualquier tiempo de las normas que prohiben la reelección de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, sólo se tomarán en cuenta las elecciones que se produzcan con posterioridad a la promulgación de la presente reforma.

Concordancias Artículos: 173 numeral 6, 234, 236, 239

ARTICULO TRANSITORIO 30.  Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima.

Concordancias Artículos: 150 numeral 17, 201 numeral 2, 213, T6, T8, 59 

CAPITULO IV.

ARTICULO TRANSITORIO 31.  Transcurrido un mes desde la instalación del Congreso elegido el 27 de octubre de 1991, el Consejo de Estado elegirá los miembros del Consejo Nacional Electoral en proporción a la representación que alcancen los partidos y movimientos políticos en el Congreso de la República.

Dicho Consejo permanecerá en ejercicio de sus funciones hasta el 1 de septiembre de 1994.

Concordancias Artículos: 107 al 112, 152, 219, 263 al 265

ARTICULO TRANSITORIO 32.  Mientras se integra el Consejo Nacional Electoral en los términos que establece la Constitución, la composición actual de este órgano será ampliada con cuatro miembros designados por el Consejo de Estado, de ternas presentadas por los partidos y movimientos que no se encuentren representados en aquel, en la proporción de los resultados de las elecciones celebradas el 9 de diciembre de 1990, otorgando dos a la lista mayoritaria y uno a cada una de las listas no representadas que le siguieron en votos. Tales nombramientos deberán hacerse antes del quince de julio de 1991.

Concordancias Artículos: 107 al 112, 152, 219, 263 al 265

ARTICULO TRANSITORIO 33.  El período del actual Registrador Nacional del Estado Civil concluye el 30 de septiembre de 1994.

El período del Registrador Nacional del Estado Civil a que se refiere esta Constitución empezará a contarse a partir del 1o. de octubre de 1994.

Concordancias Artículos: 120, 197, 265 numeral 2, 266

ARTICULO TRANSITORIO 34.  El Presidente de la República, en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a partir de la promulgación de esta Constitución, designará, por un período de tres años un ciudadano que tendrá la función de impedir de oficio, o a petición de parte, el uso de recursos originalmente provenientes del tesoro público, o del exterior, en las campañas electorales que se efectúen en el término indicado, exceptuando la financiación de las campañas electorales conforme a la Constitución o la ley.  Para este efecto tendrá derecho a pedir y a obtener la colaboración de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, de todas las entidades públicas que ejerzan atribuciones de control y vigilancia y de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial.

El Presidente de la República reglamentará esta norma y le prestará al ciudadano designado todo el apoyo administrativo y financiero que le fuere indispensable.

Concordancias Artículos: 109, 127, 265 numeral 6, 274, 354

ARTICULO TRANSITORIO 35.  El Consejo Nacional Electoral reconocerá automáticamente personería jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional Constituyente que se lo soliciten.

Concordancias Artículos: T2

CAPITULO V.

ARTICULO TRANSITORIO 36.  Los actuales Contralor General de la República y Procurador General de la Nación continuarán en el ejercicio de sus cargos, hasta tanto el Congreso elegido para el período constitucional de 1994-1998, realice la nueva elección, la que deberá hacer dentro de los primeros treinta días siguientes a su instalación.

Concordancias Artículos: 141, 156, 173 numeral 7; 178, 187, 197, 235, 268, 272, 273

ARTICULO TRANSITORIO 37.  El primer Defensor del Pueblo será elegido por el Procurador General de la Nación, de terna enviada por el Presidente de la República, en un plazo no mayor de treinta días.

Concordancias Artículos: 37, 118, 178 numeral 1, 197, 235, 277, 281, 282, 284, T57

CAPITULO VI.

ARTICULO TRANSITORIO 38.  El Gobierno organizará e integrará, en el término de seis meses, una Comisión de Ordenamiento Territorial, encargada de realizar los estudios y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que considere del caso para acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Constitución. La Comisión cumplirá sus funciones durante un período de tres años, pero la ley podrá darle carácter permanente. En este caso, la misma ley fijará la periodicidad con la cual presentará sus propuestas.

Concordancias Artículos: 150 numeral 4; 288, 299, 307, 329

ARTICULO TRANSITORIO 39.  Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por un término de tres meses, para expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales se asegure la debida organización y el funcionamiento de los nuevos departamentos erigidos como tales en la Constitución.

En ejercicio de estas facultades el Gobierno podrá suprimir las instituciones nacionales encargadas de la administración de las antiguas intendencias y comisarías y asignar a las entidades territoriales los bienes nacionales que a juicio del Gobierno deban pertenecerles.

Concordancias Artículos: 298, 300, 302, 303, 309, 359

ARTICULO TRANSITORIO 40.  Son válidas las creaciones de municipios hechas por las Asambleas Departamentales antes del 31 de diciembre de 1990.

 Concordancias Artículos: 300, 338, 345

ARTICULO TRANSITORIO 41.  Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes.

 Concordancias Artículos: 150, 176, 197, 260,272, 299 al 301, 305, 308, 322, al 324, 338, 345

ARTICULO TRANSITORIO 42.  Mientras el Congreso expide las leyes de que trata el artículo 310 de la Constitución, el Gobierno adoptará por decreto, las reglamentaciones necesarias para controlar la densidad de población del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en procura de los fines expresados en el mismo artículo.

Concordancias Artículos: 101, 309, 310

CAPITULO VII.

ARTICULO TRANSITORIO 43.  Para financiar el funcionamiento de las nuevas instituciones y atender las obligaciones derivadas de la reforma constitucional que no hayan sido compensadas por disminución de gastos o traslados de responsabilidades, el Congreso podrá, por una sola vez disponer ajustes tributarios cuyo producto se destine exclusivamente a la Nación.

Si en un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la instalación del Congreso, éste no ha efectuado tales ajustes fiscales y es evidente que los esfuerzos de la administración para hacer más eficiente el recaudo y para disminuir el gasto público a nivel nacional no han sido suficientes para cubrir los nuevos gastos, el Gobierno Nacional podrá, por una sola vez, mediante decreto con fuerza de ley, realizar dichos ajustes.

Concordancias Artículos: 150, 189

ARTICULO TRANSITORIO 44.  El situado fiscal para el año de 1992 no será inferior al de 1991 en pesos constantes.

Concordancias Artículos: 357

ARTICULO TRANSITORIO 45.  Los distritos y municipios percibirán como mínimo, durante la vigencia fiscal de 1992, las participaciones en el impuesto al valor agregado IVA establecidas en la ley 12 de 1986. A partir de 1993 entrará a regir lo dispuesto en el artículo 357 de la Constitución, sobre participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

La ley, sin embargo, establecerá un régimen gradual y progresivo de transición a partir de 1993 y por un período de tres años, al cabo del cual entrarán en vigencia los nuevos criterios de distribución señalados en el citado artículo. Durante el período de transición el valor que reciban los distritos y municipios por concepto de participaciones no será inferior, en ningún caso, al percibido en 1992, en pesos constantes.

Concordancias Artículos: 357

ARTICULO TRANSITORIO 46.  El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento, por un período de cinco años, un fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República. Este fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población colombiana.

El fondo deberá buscar, además, recursos de cooperación nacional e internacional.

Concordancias Artículos: 215, 357 

ARTICULO TRANSITORIO 47.  La ley organizará para las zonas afectadas por aguda violencia, un plan de seguridad social de emergencia, que cubrirá un período de tres años.

Concordancias Artículos: 215, 357

ARTICULO TRANSITORIO 48.  Dentro de los tres meses siguientes a la instalación del Congreso de la República el Gobierno presentará los proyectos de ley relativos al régimen jurídico de los servicios públicos; a la fijación de competencias y criterios generales que regirán la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como su financiamiento y régimen tarifario; al régimen de participación de los representantes de los municipios atendidos y de los usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten los servicios, así como los relativos a la protección, deberes y derechos de aquellos y al señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.

Si al término de las dos siguientes legislaturas no se expidieren las leyes correspondientes, el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley.

 Concordancias Artículos: 67, 131, 257, 298, 302, 315, 370

ARTICULO TRANSITORIO 49.  En la primera legislatura posterior a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno presentará al Congreso los proyectos de ley de que tratan los artículos 150 numeral 19 literal d, 189 numeral 24 y 335, relacionados con las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.

Si al término de las dos legislaturas ordinarias siguientes, este último no los expide, el Presidente de la Republica <sic> pondrá en vigencia los proyectos, mediante decretos con fuerza de ley.

Concordancias Artículos: 150 numeral 19 literal d); 162, 189 numeral 24, 335, T50

ARTICULO TRANSITORIO 50.  Mientras se dictan las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, el Presidente de la República ejercerá, como atribución constitucional propia, la intervención en estas actividades.

Concordancias Artículos: 150 numeral 19 literal d); 189 numeral 25, 335, T49

ARTICULO TRANSITORIO 51.  Mientras se dicten las leyes correspondientes, la nueva Junta del Banco de la República que nombrará provisionalmente el Presidente dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, asumirá las funciones que actualmente corresponden a la Junta Monetaria, las cuales cumplirá conforme a lo previsto en la Constitución.

La ley determinará las entidades a las cuales se trasladarán los fondos de fomento administrados por el Banco, el cual, entre tanto, continuará cumpliendo esta función.

El Gobierno presentará al Congreso, al mes siguiente de su instalación, el proyecto de ley relativo al ejercicio de las funciones del Banco y a las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá sus estatutos de conformidad con el artículo 372 de la Constitución. Si cumplido un año de la presentación de este proyecto no se ha expedido la ley correspondiente, el Presidente de la República lo pondrá en vigencia mediante Decreto con fuerza de ley.

Concordancias Artículos: 372, 150, 208, 371

ARTICULO TRANSITORIO 52.  A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Comisión Nacional de Valores tendrá el carácter de Superintendencia. El Gobierno Nacional dispondrá lo necesario para la adecuación de dicha institución a su nueva naturaleza, sin perjuicio de lo que al respecto podrá disponer el Gobierno en desarrollo de lo establecido en el artículo transitorio 20.

Concordancias Artículos: 115, 150, 211, 370, T20

ARTICULO TRANSITORIO 53.  El Gobierno tomará las decisiones administrativas y hará los traslados presupuestales que fueren necesarios para asegurar el normal funcionamiento de la Corte Constitucional.

Concordancias Artículos: 249, 267, 272

CAPITULO VIII.

ARTICULO TRANSITORIO 54.  Adóptanse, para todos los efectos constitucionales y legales, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985.

Concordancias Artículos: 155, 170, 327, 375 al 378

 ARTICULO TRANSITORIO 55.  Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas.

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley.

La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

PARAGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

PARAGRAFO 2o. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley.

 Concordancias Artículos: 56, 150 numeral 18; 215, 318, 357, T20, T57

ARTICULO TRANSITORIO 56.  Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales.

 Concordancias Artículos: 97, 171, 241, 246, 286, 321, 329, 330, 357

ARTICULO TRANSITORIO 57.  El Gobierno formará una comisión integrada por representantes del Gobierno, los sindicatos, los gremios económicos, los movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores informales, para que en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, elabore una propuesta que desarrolle las normas sobre seguridad social.

Esta propuesta servirá de base al Gobierno para la preparación de los proyectos de ley que sobre la materia deberá presentar a consideración del Congreso.

Concordancias Artículos: 54, 64, T20, T55

ARTICULO TRANSITORIO 58.  Autorízase al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las Cámaras del Congreso de la República.

Concordancias Artículos: 150 numeral 16; 189 numeral 2, 224, 241 numeral 10

ARTICULO TRANSITORIO 59.  La presente Constitución y los demás actos promulgados por esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control jurisdiccional alguno.

Concordancias Artículos: T2, T6, T30, T98

ARTICULO TRANSITORIO 60.  <Artículo transitorio adicionado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 2 de 1993> Para los efectos de la aplicación de los artículos 346 y 355 constitucionales y normas concordantes, el Plan Nacional de Desarrollo para los años 1993 y 1994 y hasta cuando entre en vigencia el aprobado por el Congreso de la República, en los términos y condiciones establecidos en la actual Constitución Política, será el que corresponda a las leyes anuales del Presupuesto de Rentas y de Apropiaciones de la Nación. El proyecto de ley respectivo presentado por el Gobierno desarrollará los programas, proyectos y planes aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.

Tratándose de Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales serán considerados los aprobados por la respectiva Corporación Pública Territorial.

Si presentado el Proyecto del Plan de Desarrollo por el respectivo Jefe de Administración de la entidad territorial, no fuere expedido por la Corporación Pública antes del vencimiento del siguiente período de sesiones ordinarias a la vigencia de este Acto legislativo, aquél por medio de Decreto le impartirá su validez legal. Dicho Plan regirá por el término establecido en la ley.

ARTICULO TRANSITORIO.  La Comisión Especial creada por el artículo 38 transitorio también sesionará entre el 1o. y el 30 de noviembre de 1991, fecha en la cual cesará en sus funciones.

NOTA: Se hace referencia al artículo 38 transitorio de la Comisión Codificadora o 6 de la Constitución.

ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo adicionado por el artículo 7 del Acto Legislativo No. 2 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Todos los Alcaldes y Gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente Acto Legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

Todos los Gobernadores y Alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de año 2007.

 En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y Gobernadores para todos los Municipios, Distritos y Departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1o. de enero del año 2008.

El período de cuatro años de los miembros de las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales y Ediles se iniciará el 1o. de enero del año 2004.

ARTÍCULO TRANSITORIO. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que contemple un “Régimen Especial en lo económico, lo político, lo social y lo administrativo, para territorios que comprenden las ecorregiones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga de Zapatosa, la Serranía del Perijá, los Llanos Orientales, Amazona, Región del Catatumbo, Orinoquia, Chocó Biogeográfico, los Montes de María, la Mojana, y los pueblos polifitos del Magdalena y el Pacífico, con el objetivo de reducir los desequilibrios que frente a su desarrollo existen con el resto del país”.

(ARTÍCULO ADICIONADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009)

Artículo transitorio. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia del presente acto legislativo, el Congreso expedirá las normas mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes correspondientes, la Comisión Nacional de Televisión continuará ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente.

(ARTÍCULO ADICIONADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2011)

CONSTANCIA

El suscrito como Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente durante el período reglamentario deja constancia que firma la Constitución Política de Colombia de 1991 en dicho carácter, después de haber revisado el texto definitivo y encontrado que él corresponde esencialmente al articulado aprobado en segundo debate por la mencionada corporación en sus sesiones de los días 28, 29 y 30 de junio y 1o., 2o., y 3o., de julio de 1991. Ese solo alcance tiene su refrendación al hacerlo en la fecha.

Artículo Transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

Una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección.

Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección.

En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley.

Parágrafo 1o. En los casos de la aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, esta se limitará a quienes se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del Gobierno Nacional.

Parágrafo 2o. En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo.

NOTA DEL EDITOR:

De acuerdo al Artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2012, una vez el gobierno nacional presente al Congreso de la República el primer proyecto de ley que autorice la aplicación de los instrumentos penales establecidos en el inciso 4o del artículo 1o del acto legislativo 01 de 2012, el Congreso tendrá cuatro (4) años para proferir todas las leyes que regulen esta materia.

ARTÍCULO ADICIONADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2012

Artículo Transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.

ARTÍCULOS ADICIONADOS POR EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2012

Artículo Transitorio. Los procesos penales que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar de acuerdo a los incisos 1° y 2° del artículo 3o del presente acto legislativo y que se encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en esta. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un periodo de hasta un (1) año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. En el marco de esa coordinación, se podrá verificar si algún proceso específico que cursa en la Justicia Penal Militar podría ser de competencia de la Justicia Ordinaria.

Artículo Transitorio. Facúltese por tres (3) meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de que trata el presente acto legislativo. Los decretos expedidos bajo esta facultad regirán hasta que el Congreso expida la ley que regule la materia.

Bogotá, D.E., julio 6 de 1991.

JACOBO PEREZ ESCOBAR,

Secretario General, Asamblea Nacional Constituyente (1991).

CAPITULO II

DECLARACIONES DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES A LAS CUALES CONCURRIO COLOMBIA.

DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 y, atenta a la necesidad de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano, proclama que:

  1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.
  2. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.
  3. El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas de daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra: niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos, grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja.
  4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuados. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en desarrollo. En los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnología.
  5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas. De cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y, con su duro trabajo, transforman continuamente el medio humano. Con el progreso social y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio se acrece cada día que pasa.
  6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero a la vez, serenidad de ánimo; trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio mejor. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas.
  7. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de medidas en gran escala sobre el medio. También se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por las organizaciones internacionales en interés de todos. La conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que a aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y de su posteridad.

Principio 1. El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y, tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.

Principio 2. Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

Principio 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables.

Principio 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres.

Principio 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo.

Principio 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.

Principio 7. Los estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades del esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.

Principio 8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida.

Principio 9. Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas y, la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse.

Principio 10. Para los países en desarrollo, la estabilidad de precios y la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos ecológicos.

Principio 11. Las políticas ambientales de todos los estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual del futuro de los países en desarrollo y no deberían menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos y, los estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar al acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas ambientales.

Principio 12. Debería destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que pueda originar a estos países la inclusión de medidas para la preservación del medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia financiera internacional con ese fin.

Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los estados debería adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población.

Principio 14. La planificación racional constituye instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio.

Principio 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los más beneficios sociales económicos y ambientales para todos. A este respecto debe abandonarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista.

Principio 16. En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo, o en que la baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio humano y obstaculizar el desarrollo, debería aplicarse política demográfica que respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados.

Principio 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los estados con miras a mejorar la calidad del medio.

Principio 18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social se deben utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la humanidad.

Principio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.

Principio 20. Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, la investigación y el desenvolvimiento científicos referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga económica excesiva para esos países.

Principio 21. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

Principio 22. Los estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Principio 23. Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y de las normas que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, si bien son víctimas para los países más avanzados, pueden ser inadecuados y de alto costo social para los países en desarrollo.

Principio 24. Todos los países, grandes y pequeños, deben ocuparse, con espíritu de cooperación y de pie de igualdad, en las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los estados.

Principio 25. Los estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y mejoramiento del medio.

Principio 26. Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa. Los estados deben esforzarse por llegar pronto a un acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación y destrucción completa de tales armas.

DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO

Preámbulo:

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella.

Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas,

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial. Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar,

Proclama que:

Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Principio 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

Principio 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Principio 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.

Principio 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.

Principio 6: La situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental, deberán recibir prioridad especial. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.

Principio 7: Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.

Principio 8: Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.

Principio 9: Los Estados deberían cooperar para reforzar la creación de capacidades endógenas para lograr un desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.

Principio 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Principio 11: Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas ambientales, y los objetivos y prioridades en materia de ordenación del medio ambiente, deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

Principio 12: Los Estados deberían cooperar para promover un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial para fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se deberla evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible basarse en un consenso internacional.

Principio 13: Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar así mismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Principio 14: Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.

Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando hay peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio 16: Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

Principio 17: Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.

Principio 18: Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.

Principio 19: Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que pueden verse afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales nocivos transfronterizos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.

Principio 20: Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.

Principio 21: Deberá movilizarse la creatividad, los ideales el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.

Principio 22: Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que participaran efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.

Principio 23: Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.

Principio 24: La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar el derecho internacional proporcionando protección al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar para su ulterior mejoramiento, según sea necesario.

Principio 25: La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.

Principio 26: Los Estados deberán resolver todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios pacíficos y con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.

Principio 27: Los Estados y los pueblos deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Carta de la Tierra. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro. 1992).

NOTA DE INTERES:

Declaración sin fuerza jurídica obligatoria, de principios respecto a la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de Bosques.

Declaración sin fuerza jurídica obligatoria de Principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los Bosques de todo tipo.

Esta declaración fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Este conjunto de principios es el primer consenso global sobre los bosques, que hace un llamado a ’reverdecer’ el planeta con el principal objetivo de contribuir a la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo y teniendo en cuenta sus usos y funciones, esto en el contexto del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de manera sostenible.

Los Principios reconocen el derecho soberano e inalienable de los Estados de explotar sus propios recursos naturales incluyendo sus bosques de acuerdo con una política compatible con el desarrollo sostenible y señala la responsabilidad que los mismos tienen de evitar acciones que perjudiquen el medio ambiente de otros Estados

CONVENIOS INTERNACIONALES AMBIENTALES APROBADOS POR COLOMBIA HASTA EL AÑO 2014.

Materia sobre la cual versa el convenio Ley mediante la cual se aprobó en Colombia
1.  Convenio sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar. Ley 119 de 1961.
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ley 74 de 1968
3. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria Ley 82 de 1968
4. Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina Ley 45 de 1971.
5.  Convenio que establece la organización latinoamericana de energía. Ley 6ª de 1976.
6.   Tratado de cooperación amazónica. Ley 74 de 1979.
7. Convenio sobre la organización de la comisión permanente de la conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del pacífico sur Ley 7 de 1980
8. Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. Ley 10 de 1980.
9. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. Ley 12 de 1981.
10.  Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Ley 45 de 1983.
11.  Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del pacifico sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia. Ley 45 de 1985.
12.  Protocolo para la protección del Pacifico sudeste contra la contaminación proveniente de fuentes terrestres. Ley 45 de 1985.
13.  Protocolo complementario del acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacifico  sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Ley 45 de 1985.
14.  Convenio para la protección y desarrollo del medio marino en la región del gran Caribe. Ley 56 de 1987.
15. Tratado Antártico de 1959. Ley 67 de 1988.
16. Convenio internacional de maderas tropicales. Ley 47 de 1989.
17.  Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. Ley 55 de 1989.
18.  Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Ley 30 de 1990.
19.  Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional. Ley 17 de 1991.
20.  Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Ley 29 de 1991.
21.  Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas del Pacifico sudeste. Ley 12 de 1992.
22.  Convenio Andrés Bello de integración educativa, científica, tecnológica y cultural. Ley 20 de 1992
23.  Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Ley 29 de 1992.
24.  Convenio marco de la ONU sobre cambio climático. Ley 164 de 1994.
25.  Convenio sobre la diversidad biológica. Ley 165 de 1994.
26.  Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Ley 243 de 1995.
27.  Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Ley 253 de 1996.
28. Convenio internacional de constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos. Ley 257 de 1996.
29. Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno  El Niño en el pacífico sudeste. Ley 295 de 1996.
30. Acuerdo para la creación del Instituto para la investigación cambio global. Ley 304 de 1996
31.  Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Ley 306 de 1996.
32. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” Ley 319 de 1996
33. Convención relativa a los humedades de importancia internacional, especialmente como hábitat de las aves acuática. Ley 357 de 1997.
34. Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Ley 408 de 1997.
35. Convenio 162 de la OIT sobre la utilización de asbesto en condiciones de seguridad. Ley 436 de 1998.
36. Convención de la Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y sequías en países afectados. Ley 461 de 1998.
37 Convenio internacional de maderas tropicales. Ley 464 de 1998.
38. Protocolo para la protección del pacífico sudeste por contaminación radioactiva. Ley 478 de 1998.
39. Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional Sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos. Ley 523 de 1999
40. Acuerdo sobre el programa internacional para la conservación de los delfines. Ley 557 de 2000.
41. Enmienda del Protocolo de Montreal. Ley 618 de 2000
42. Protocolo de Kioto relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ley 629 de 2000
43. Tratado de prohibición completa de ensayos nucleares. Ley 660 de 2001
44. Protocolo de enmienda el tratado de cooperación amazónica. Ley 690 de 2001
45. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares. Ley 728 de 2001
46. Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ley 740 de 2002
47. Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional Sobre la Cooperación, Reparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos. Ley 885 de 2004
48. Protocolo sobre cooperación, reparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. Ley 885 de 2004
49. Enmienda del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono Ley 960 de 2005
50. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes Ley 994 de 2005
51. Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China sobre la cooperación fitosanitaria. Ley 1137 de 2007
52. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Ley 1196 de 2008
53. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la UNESCO relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua en las zonas urbanas para América Latina y el Caribe. Ley 1347 de 2009
54. Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas. Ley 1348 de 2009
55. Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia. Ley 1360 de 2009
56. Acuerdo sobre el establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratan. Ley 1461 de 2011
57. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Ley 1518 de 2012
58. Enmienda al convenio de Brasilia sobre control de los movimientos transfronteras de desechos peligrosos y su eliminación. Ley 1623 de 2013
59. Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Ley 1665 de 2013

NOTAS:

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS  PERSISTENTES Ley 994 de 2005 y 1196 de 2008

Fecha de adopción: Mayo 22 de 2001

Fecha de entrada en vigor: A la fecha de esta publicación la página web del Ministerio del Medio ambiente reporta que aún no ha entrado en vigor

Depositario: Secretario General de las Naciones Unidas Colombia suscribió este tratado el 23 de mayo de 2001 pero aún no ha iniciado el proceso de ratificación

Número de Partes contratantes: 5 (117 firmas)

Información adicional: http://www.chem.unep.ch/sc/

PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSEGURIDAD

Fecha de adopción: 29 de enero de 2000

Fecha de entrada en vigor: A la fecha de esta publicación la página web del Ministerio del Medio ambiente reporta que se encuentra pendiente

Depositario: Secretario General de Naciones Unidas

Ley de la República de Colombia, aprobatoria del Tratado: Ley 740 de 2002

Fecha ratificación: en proceso.

De interés: El Convenio de Diversidad Biológica (1992), ratificado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, estableció la obligación para los países de acordar un protocolo jurídicamente vinculante que regulara procedimientos en el campo de la transferencia, manejo y uso de Organismos Vivos Modificados (OVMs) que puedan tener un efecto adverso en la biodiversidad y sus componentes. En esta medida este protocolo se convierte en el primer desarrollo jurídico del Convenio.

En Yakarta, Indonesia en noviembre de 1995, la Conferencia de las Partes (máximo órgano decisorio del Convenio) estableció un Grupo de Trabajo Ad Hoc de Composición Abierta sobre Bioseguridad (GTSB) a la vez que restringió las discusiones al movimiento transfronterizo de OVM´S, dejando por fuera el uso y manejo por considerar que estos aspectos debían ser objeto de regulación a nivel nacional.

NOTA: Colombia es miembro, entre otras, de las siguientes organizaciones internacionales:

Organización de las Naciones Unidas, ONU. Colombia es miembro originario de la organización puesto que aprobó su ingreso mediante la Ley 13 de 1945 y depositó el instrumento de ratificación ante el gobierno de los Estados Unidos el 5 de noviembre del mismo año. La Carta entró en vigor el 25 de octubre de 1945.

Organización de los Estados Americanos, OEA. La IX Conferencia Panamericana (Bogotá, 1948) creó la organización con base en los principios de Chapultepec. La Carta de Bogotá, firmada el 2 de mayo de 1948 entró en vigor desde el 13 de diciembre de 1951. La III Conferencia interamericana extraordinaria (Buenos Aires, febrero de 1967) aprobó el Protocolo de reforma de Buenos Aires, en vigor desde el 27 de febrero de 1970.

Asociación Latinoamericana de Integración – Aladi. Tratado de Montevideo, aprobado  mediante Ley 45 de 1980.

Pacto de Integración Subregional Andino, suscrito el 26 de mayo de 1969 en Bogotá, por plenipotenciarios debidamente autorizados por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Colombia y Chile, ratificaron el Acuerdo el 8 de septiembre de 1969, este entró en vigor el 16 de octubre de 1969, fecha en la cual la tercera aprobación, correspondiente al Perú fue recibida en la secretaría de la ALALC. El acuerdo subregional fue modificado por el Protocolo de Quito de 1987, aprobado en Colombia mediante la Ley 60 de 1987. Entrada en vigor mayo 25 de 1988.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO.  La Constitución fue aprobada en Londres el día 16 de noviembre de 1945 y modificada por la Conferencia General en sus reuniones 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 15a, 17a, 19a, 20a, 21a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a, 29a y 31a. Colombia es Estado Miembro de la UNESCO desde octubre 31 de 1947.

Dentro de los diversos organismos intergubernamentales a los cuales pertenece Colombia, se encuentran: la Organización Internacional de Policía (INTERPOL), la Unión Latina, la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la Organización Internacional del Café (OIC).

http://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/inter-governmental

CAPITULO III

NORMAS NACIONALES DE PROTECCION A LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE.
LEY NÚMERO 23 DE  1973.

(Diciembre 19)
“Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”.

ART. 1º-Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.

ART. 2º-EI medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente ley, se entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables.

ART. 3º-Se consideran bienes contaminables el aire, el agua y el suelo.

ART. 4º-Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la cantidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de particulares.

ART. 5º-Se entiende por contaminante todo elemento, combinación de elementos o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alguna o algunas de las alteraciones ambientales descritas en el artículo 42 de la presente ley.

ART. 6º-La ejecución de la política ambiental descrita en esta ley será función del Gobierno Nacional, quien podrá delegar tal función en los gobiernos seccionales o en las entidades especializadas.

ART. 7º-EI Gobierno Nacional podrá crear incentivos y estímulos económicos para fomentar programas e iniciativas encaminadas a la protección del medio ambiente.

ART. 8º-EI Gobierno adoptará las medidas necesarias para coordinar las acciones de las entidades gubernamentales que directa o indirectamente adelanten programas de protección de recursos naturales.

ART. 9º-EI Gobierno Nacional incluirá dentro de los programas de educación a nivel primario, medio, técnico y universitario, cursos regulares sobre conservación y protección del medio ambiente.

ART. 10.-Cuando se considere necesario, podrá el Gobierno Nacional crear el servicio nacional ambiental, obligatorio para bachilleres, normalistas, técnicos medios o profesionales. En ningún caso la prestación de este servicio excederá de un (1) año, comprendido del respectivo ciclo lectivo.

ART. 11.-Mediante reglamento u otras disposiciones administrativas, el Gobierno Nacional fijará los niveles mínimos de contaminación y aprovechamiento permisibles para cada uno de los bienes que conforman el medio ambiente.

ART. 12.-EI Gobierno Nacional creará los sistemas técnicos de evaluación que le permitan hacer participar a los usuarios de los recursos ambientales en los gastos de protección y renovación de éstos, cuando sean usados en beneficio de actividades lucrativas.

ART. 13.-Cuando técnicamente se establezca que se han sobrepasado los niveles mínimos de contaminación o aprovechamiento o que hay una nueva contaminación no prevista de manera especial, el Gobierno Nacional podrá inspeccionar los procesos industriales, comerciales o de cualquiera otra índole, en orden a reducir o eliminar la contaminación y controlar la fuente de la misma. Esta facultad será ejercida dentro del marco de las atribuciones que  este respecto señala la Constitución Nacional.

ART. 14.-Dentro del presupuesto nacional, el gobierno deberá incluir un rubro especial, en cuantía que determinará el Congreso Nacional, con destino exclusivo a los programas de preservación ambiental.

ART. 15.- Toda persona, natural o jurídica, que utilice elementos susceptibles de producir contaminación, está en la obligación de informar al Gobierno Nacional y a los consumidores acerca de los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana o al ambiente.

ART. 16.-EI Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.

ART. 17.-Será sancionable conforme a la presente ley toda acción que conlleve contaminación del medio ambiente, en los términos y condiciones señalados en el artículo cuarto de este mismo estatuto.

ART. 18.-Cuando llegue a demostrarse técnicamente que se están produciendo acciones que generen contaminación, podrán imponerse las siguientes sanciones, según la gravedad de cada infracción: amonestaciones, multas sucesivas en cuantía que determinará el Gobierno Nacional, las cuales no podrán sobrepasar la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000), suspensión de patentes de fabricación, clausura temporal de los establecimientos o factorías que estén produciendo contaminación y cierre de los mismos, cuando las sanciones anteriores no hayan surtido efecto.

ART. 19.-De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la fecha de la sanción de esta ley, para reformar y adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales renovables y preservación ambiental, con el fin de lograr un aprovechamiento racional y una adecuada conservación de dichos recursos.

En ejercicio de las facultades que por la presente ley se confieren, el Presidente de la República podrá expedir el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

NOTA: El artículo 19 de la Ley 23 de 1973 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-126 de 1998.

ART. 20.-Para el ejercicio de las facultades que se otorgan al Presidente de la República por esta ley, aquél estará asesorado por una comisión consultiva constituida por dos senadores y dos representantes elegidos por las respectivas corporaciones, y por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

NOTA: El artículo 20 de la Ley 23 de 1973 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-126 de 1998.

ART. 21.-La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Bogotá a 12 de diciembre de 1973 (Diario Oficial Nº 34001).

DECRETO 2811 DE 1994 O CODIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.

Como un resultado del movimiento mundial ambiental que suscitó la Conferencia Internacional de Estocolmo 71, en Colombia se expide el Decreto 2811 de 1974 para reglamentar la Ley 23 de diciembre de 1973, con la intención de dotar al país de un Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, novedad normativa que nos colocó entre las legislaciones pioneras sobre esta temática, a pesar de los vacíos que tiene el Código dadas las numerosas normas en blanco que versan sobre conceptos muy generales.

No se transcribe el texto legal dada su extensión, la cual supera los trescientos artículos.

A partir de este ordenamiento el Gobierno encuentra la necesidad de expedir decretos reglamentarios sobre cada uno de los aspectos que así lo reclama. En un resumen general se presenta un cuadro orientador de las distintas normas por materia, pero primero se destacará lo que hasta el momento puede denominarse como normas educativas ambientales.

DECRETO-LEY 2811 DE 1974 ARTÍCULOS 14 Y 17

NORMAS EDUCATIVAS AMBIENTALES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS: 1337 Y 1748.

“ART. 14.- Dentro de las facultades que constitucionalmente le competen el gobierno al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, procurará:

  1. a) Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables;
  2. b) Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios;
  3. c) Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad, y de campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr la comprensión de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan.

Conc.: C.N., arts. 67; L. 23/73, art. 9º; D. 1337/78, arts. Iº a 12; D. 1743/94, arts. 12 a 18.

C.N.

ART. 67-La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

ART. 17.-Créase el Servicio Nacional Ambiental Obligatorio que no excederá de un año y que será prestado gratuitamente.

El gobierno determinará la manera como se organizará la prestación de este servicio”.

DECRETO  1337 DE 1978

(Julio 10)

“Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del Decreto-Ley 2811 de 1974”

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 3º del articulo 120 de la Constitución Nacional,

(*) Esta norma menciona al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, al cual se le había asignado el nombre y funciones, mediante el Decreto 133 de 1976: Esta entidad fue liquidada mediante el artículo 98 de la Ley 99 de 1993 y sus funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales.

DECRETA:

ART. 1º-EI Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la comisión asesora para la educación ecológica y del ambiente, incluirá en la programación curricular para los niveles preescolar, básica primaria básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación no formal, y educación de adultos, los componentes sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables.

ART. 2º-Para la coordinación de que trata el artículo anterior, créase una comisión asesora para la educación ecológica y del ambiente que funcionará en el Ministerio de Educación Nacional y estará compuesta en la siguiente forma:

– Viceministro de Educación Nacional o su delegado quien presidirá:

– Director del Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior o su delegado.

– Gerente General del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente o su delegado.

– Director general de capacitación, perfeccionamiento currículo y medios educativos del Ministerio de Educación Nacional, o su delegado.

– Subgerente de programación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente o su delegado.

ART. 3º-Ejercerá las funciones de secretaría técnica y ejecutiva de la comisión, la dependencia del Ministerio de Educación Nacional que señale el ministerio.

La comisión determinará la periodicidad de sus reuniones y los mecanismos más apropiados para cumplir su labor de coordinación y asesoría.

ART. 4º-Son funciones de la comisión asesora para la educación ecológica y del ambiente:

  1. Identificar y recomendar para la Inclusión en los programas curriculares de básica primaria, los principios que permitan a los alumnos reconstruir los procesos naturales y sociales y sus interrelaciones, a partir de su realidad inmediata.
  2. Identificar y recomendar una adecuada estructuración de los programas de ciencias biológicas de manera que aseguren la comprensión de los diversos ecosistemas predominantes en el país, a partir de los que sean característicos de la región.
  3. Identificar para su inclusión en los programas de ciencias sociales, aquellos aspectos concernientes a las relaciones entre el hombre y su medio y las posibilidades de lograr su mejor aprovechamiento y manejo a través de la organización comunitaria.
  4. Propiciar periódicamente jornadas ambientales a través de las cuales los estudiantes se reunirán con la comunidad respectiva y participarán con ella en el reconocimiento de los problemas ambientales de la localidad, en la discusión de sus características y en la búsqueda de alternativas para resolverlos.

Las conclusiones de estas jornadas serán divulgadas en toda la comunidad, haciendo énfasis en aquellas que tengan carácter prioritario, y los resultados se comunicarán a los organismos gubernamentales que se consideren competentes para tomar las medidas relacionadas con los problemas reconocidos.

  1. Promover, a través de la organización comunitaria, el estudio y conocimiento de los recursos naturales renovables, con el fin de lograr su mejor aprovechamiento y conservación.

Las escuelas colaborarán con las actividades comunitarias, sirviendo como centro de actividades cuando sea necesario, y recogiendo la información sobre los problemas de la región identificados con base en tales actividades.

  1. Prestar asesoría sobre textos y demás ayudas educativas que refuerce n los programas curriculares en educación ambiental y ecológica.

Estas ayudas educativas serán el producto de la investigación y del reconocimiento científico del medio ambiente y de los recursos naturales colombianos, de tal suerte que el alumno pueda reconocer e identificar los ecosistemas y los problemas que puedan derivarse de su inadecuado manejo.

  1. Prestar asesoría en las áreas de su competencia en los programas de experimentación y evaluación curricular.
  2. Recomendar y prestar asesoría en los programas de capacitación de los docentes en los diferentes niveles.
  3. Identificar y recomendar para su inclusión en los programas de bachillerato pedagógico y licenciatura en educación, los componentes apropiados que motiven, informen y capaciten al docente para manejar adecuadamente los aspectos ecológicos y ambientales de los programas curriculares.

ART. 5º-EI componente ecológico de los cuatro años de básica secundaria se dedicará a profundizar el análisis de problemas ecológicos y a establecer la incidencia de los procesos de desarrollo en el equilibrio de los ecosistemas.

El componente ecológico de los dos últimos años de bachillerato diversificado enfocará los problemas ambientales y de conservación y recuperación de los recursos naturales en el contexto de la especialidad escogida por el estudiante.

ART. 6º-El lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior promoverá en las universidades la organización de seminarios sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables, que motiven e informen a los participantes dentro del marco específico de cada disciplina.

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente será el asesor del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior en todos los asuntos relacionados con la educación ambiental y ecológica.

ART. 7º-Para la elaboración de monografías y tesis de grado relacionadas con recursos naturales renovables, ecología y protección ambiental, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente prestará la asesoría necesaria.

ART. 8º-A través de la comisión asesora de que trata el artículo 2º de este decreto, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente presentará, periódicamente a las universidades una lista de temas prioritarios que a su juicio requieran ser investigados, con el fin de promover el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias y, si es posible, interuniversitarias. Para el desarrollo de estas investigaciones el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente suministrará la información necesaria.

ART. 9º-Las instituciones de educación superior deberán enviar al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente un ejemplar de toda monografía o tesis de grado que tenga relación con el ambiente o con los recursos naturales renovables.

ART. 10.-Para efectos de los dispuesto en el artículo 17 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se organiza el servicio nacional ambiental con el objeto de preparar el mayor número posible de ciudadanos en el conocimiento y solución de los problemas relativos a la protección del ambiente y al manejo adecuado de los recursos naturales renovables.

ART. 11.-EI servicio de que trata el artículo anterior se considerará como una de las alternativas dentro del servicio social del estudiantado establecido por el Decreto 2059 de 1962, con una duración de 72 horas distribuidas así: 22 horas para la preparación técnico-teórica y 50 horas para la práctica.

El servicio nacional ambiental se podrá prestar en programas organizados específicamente para el efecto, o en instituciones que tengan programas apropiados de acción o de investigación en las áreas de ecología.

ART. 12.-La evaluación de la incidencia sobre la comunidad de los programas de educación ecológica y ambiental, será organizada en forma conjunta por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente.

ART. 13.-Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 10 de julio de 1978 (Diario Oficial Nº 35.064, jul. 28/78).

]

DECRETO 1743

(Agosto 03 de 1994)

“Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente”.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el artículo 189 ordinal 11 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los Ministerios del Medio Ambiente y de Educación Nacional, en lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de educación ambiental que hacen parte del servicio público educativo;

Que el artículo 5º de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, y

Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la estructura del servicio público educativo está organizada para formar al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente.

DECRETA:

CAPITULO I

DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR

ARTÍCULO 1º.- INSTITUCIONALIZACION. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos.

En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades étnicas, ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus características culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus propias tradiciones.

ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS RECTORES. La educación ambiental tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del currículo.

A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional.

ARTÍCULO 3º.- RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del Gobierno Escolar.

Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos públicos y privados ubicados en la localidad o región.

CAPITULO II

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR

ARTÍCULO 4º.- ASESORIA Y APOYO INSTITUCIONAL. Mediante directivas u otros actos administrativos semejantes, el Ministerio de Educación Nacional conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, definirán las orientaciones para que las secretarías de educación de las entidades territoriales, presten asesoría y den el apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución de los proyectos ambientales escolares en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en la organización de equipos de trabajo para tales efectos.

Asimismo los Ministerios y Secretarías mencionados recopilarán las diferentes experiencias e investigaciones sobre educación ambiental que se vayan realizando y difundirán los resultados de las más significativas.

Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los establecimientos educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente impartirán las directivas de base en un período no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto.

ARTÍCULO 6º. EVALUACION PERMANENTE. La evaluación de los proyectos ambientales escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de educación, con la participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al Proyecto, según los criterios elaborados por los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, a través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación.

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambiental Escolar en la calidad de vida y en la solución de los problemas relacionados con el diagnóstico ambiental de la localidad, con el fin de adecuarlo a las necesidades y a las metas previstas.

ARTÍCULO 7º. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994, en educación ambiental, participando directamente en los proyectos ambientales escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental.

ARTÍCULO 8º.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los 3 DE AGOSTO DE 1994.
INDICE DE NORMAS DE LA LEGISLACION AMBIENTAL COLOMBIANA: AIRE, AGUA Y TIERRA.

NORMAS DEL MEDIO AMBIENTE RELACIONADAS CON EL

AIRE

Denominación de la norma Materia regulada.
ASPECTOS GENERALES
Decreto 948/95 Prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Decreto 2107/95 Reglamento  de protección  y control de la calidad del aire.
Resolución 552/09 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se crea y regula el funcionamiento del Comité Técnico de Mitigación de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones.
COMBUSTIBLE.
Resolución 898/95 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores. Adicionada por la Resolución 125/96. Modificada por la Resolución 623/98.
Resolución 125/96 del Ministerio del Medio Ambiente Adiciona la Resolución 898/95 sobre calidad de combustibles utilizados en hornos y calderas y en motores de combustión interna de vehículos automotores.
Decreto 1697/97 Normas sobre combustibles. Modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire.
Resolución 623/98 del Ministerio del Medio Ambiente Modifica la Resolución 898/95 sobre criterios de calidad de combustible.
Resolución 415/99 del Ministerio del Medio Ambiente Establece los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma.
Decreto 2622/00 Contenido de plomo y otros contaminantes en los combustibles. Se modifica el artículo 40 del Decreto 946 de 1995 modificado por el artículo 22 del Decreto 1697 de 1997.
Resolución 68/01 de los Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Minas y Energía. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 1995, adicionada por la Resolución número 125 de 1996 y modificada por la Resolución número 623 de 1998, que regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderos de uso comercial e industrial en motores de combustión interna de vehículos automotores.
Decreto 1530/02 Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por ,1 artículo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000. Contenido de plomo y otros contaminantes en los combustibles.
Resolución 264/02 del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Minas y Energía Se suspende temporalmente la vigencia del parágrafo 1° del artículo 4° de la Resolución 898 de 1995, modificado por el articulo 3° de la Resolución 0068 del 18 de enero de 2001, que regula los criterios ambientales y de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e Industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores.
Resolución 447/03 del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Minas y Energía Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 del 23 de agosto de 1995, que regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderos de uso comercial e industrial v en motores de combustión interna.
FUENTES FIJAS
Decreto 02/82 Normas estándares para fuentes fijas.
Resolución 1351/95 Por medio de la cual se adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones (IE-1).- Resolución 1619/95. Por la cual se desarrollan parcialmente los arts. 97y 98 del Decreto 948/95.
Presentación del Informe de Estado de Emisiones (IE-1) Adoptado mediante Resolución 1351. Normas estándares para fuentes fijas. Artículo 2s: Revocado por la Resolución 441/97.
Resolución 441/97 del Ministerio del Medio Ambiente Revoca el artículo 2s de la Resolución 1619/95 sobre normas estándares para fuentes fijas.
Resolución 619/97 del Ministerio del Medio Ambiente Se establecen parcialmente los factores partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica ara fuentes fijas.
Resolución 70/01 del Ministerio del Medio Ambiente Requisitos para eliminar plásticos contaminados con la plaguicidas en hornos de producción de clinker de plantas cementaras.
Resolución 58/02 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se establecen normas y límite máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.
Resolución 458/02 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y los límites máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se debe realizar la eliminación de tierras y/o materiales similares contaminados con plaguicidas, en hornos de producción de clinker.
Resolución 802/14 Por la cual se modifica la resolución 909 de 2008, emisiones admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas.
FUENTES MOVILES
Decreto 1228/97 Certificación del cumplimiento de normas de emisión para vehículos automotores. Modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire.
Resolución 05/96 de los Ministerios de Transporte y del Medio Ambiente Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones.
Aprobación para la verificación de fuentes móviles Modificada por la Resolución 909/96. Artículos 14 y 17 derogados por la resolución 1048/99.
Resolución 909/96 de los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 que reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones.
Resolución 864/96 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se identifican por vía general los equipos de control ambiental incorporados en los vehículos Que dan derecho a beneficio tributario.
Circular 76/98 de la DIAN Certificado de Emisiones para fuentes móviles.
Circular 125/98 del INCOMEX Certificado de emisiones para importación de vehículos
Resolución 236/99 del Ministerio del Medio Ambiente Fija las condiciones de expedición del certificado de emisiones por prueba dinámica para los importadores que no adquieren los vehículos directamente de la casa matriz o la firma propietaria del diseño Deroga la Resolución 1208/97. Adicionada por la Resolución 822/00.
Resolución 237/99 del Ministerio del Medio Ambiente Fija las condiciones de expedición del certificado de emisiones por prueba dinámica para los importadores que adquieren los vehículos o el material de ensamble de los mismos, directamente de la casa matriz o la firma propietaria del diseño. Deroga la Resolución 378/97. Adicionada por la Resolución 822/00.
Resolución 1048/99 Se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, en condición de prueba dinámica, a partir del año modelo 2001. Deroga los artículos 14 y 17 de la Resolución 005 del9 de enero de 1996. Decreto 1552/00. Emisiones de vehículos diesel. Modifica el articulo 38 del Decreto 948 de 1995, a su vez modificado por el articulo 3° del Decreto 2107 de 1995.
Resolución 822/00 del Ministerio del Medio Ambiente Adiciona las resoluciones 236 y 237 del 31 de marzo de 1999, sobre certificado de emisiones para fuentes móviles.
Resolución 910/08 Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995.
QUEMAS
Decreto 2143/97 Por el cual se establecen prohibiciones temporales por el fenómeno El Niño y se dictan otras disposiciones. Modificado por el Decreto 903/98
Resolución 619/97 del Ministerio del Medio Ambiente Se establecen parcialmente los factores a I partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.
Decreto 903/98 Modifica los Decretos 2107/95 y 2143/97, sobre quemas abiertas controladas en actividades agrícolas.
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA. DE OZONO
Ley 30/90 Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 1985.
Ley 29/92 Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”, suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991.
Ley 164/94 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre de Cambio Climático”, hecha en Nueva York, 1992.
Ley 306/96 Por medio de la cual se aprueba la enmienda de Copenhague al protocolo de Montreal, relativo a las sustancias Que agotan la capa de Ozono, suscrito en Copenhague. 1992.
Resolución 528/97 del Ministerio del Medio Ambiente Se prohíbe la producción de refrigeradores, congeladores y combinación de refrigerador-congelador, de uso doméstico, que contengan o requieran para su producción u operación clorofluorocarbonos -CFC-y se fijan requisitos para la importación de los mismos.
Ley 618/00 Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la IX Reunión de las Partes”, suscrita en Montreal. 1997.
Ley 629/00 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1997.
Resolución 304/01 de los Ministerios del Medio Ambiente y de Comercio Exterior Por la cual se adoptan medidas para la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono (Plan de Gestión Departamental del Riesgo. 2003, P. 67.68.69).
Resolución 2188/05 Control a las exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Decreto 979 de 2006 Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995, sobre las clases de normas de calidad del aire o de los distintos niveles periódicos de inmisión.
Resolución 1652/07 Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono, listados en los anexos A y B del Protocolo de Montreal.
Resolución 426/09 Por la cual se establecen medidas ambientales para la aplicación de la sustancia bromuro de metileno en tratamientos cuarentenarios en Colombia.
Resolución 551/09 del Ministerio de Medio Ambiente Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL.
Resolución 1541/13 Por la cual se establece los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos.
Resolución 131/14 Por la cual se establecen medidas para controlar las exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono.

NORMAS DEL MEDIO AMBIENTE RELACIONADAS CON EL

AGUA

Denominación de la norma Materia regulada.
ASPECTOS GENERALES
Decreto 1541 de 1.978. Por el cual se reglamenta la parte II del libro II del Decreto Ley 2811 de 1974; “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. Concesiones de agua. Permiso de ocupación de cauce. Permisos de vertimiento. Infracciones contra el recurso hídrico.
Ley 373 de 1997. Establece el programa para el uso eficiente del agua, haciendo énfasis  en el reuso obligatorio.

Tasa por uso de aguas, decreto 155 de 2004

Decreto 2570 de 2006 Por medio del cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1323 de 2007 Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH.
Decreto 1324 de 2007 Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1480 de 2007 Por medio del cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1096/00 del Ministerio de Desarrollo Económico Se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
CALIDAD
Decreto 475 de 1.998. Normas de calidad del agua para consumo humano. Deroga el Decreto 2105/83.
TASAS RETRIBUTIVAS
Decreto 901 de 1.997. Tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y tarifas de éstas.
Resolución 372 de 1.998 del Ministerio del Medio Ambiente. Tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos.
Resolución 81 de 2.001 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se adopta un formulario de información relacionada con el cobro de la tasa retributiva y el estado de los recursos.

Resolución 3100 de 2003

Decreto 3100 de 2003 Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones  (Derogado)
Decreto 155 de 2004 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, sobre tasas por utilización de aguas
Decreto 3440 de 2004 Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras disposiciones, sobre el cobro de la tasa retributiva.
Decreto 4742 de 2005 Por el cual se modifica el artículo 12 Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, sobre tasas por utilización de aguas.
Decreto 1900 de 2006 Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones (Tasas por utilización de aguas).
Decreto 2667 de 2012 Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales.
VERTIMIENTOS
Decreto 1594 de 1.984. Uso del agua. Normas de vertimiento. Permisos de vertimiento (Plan de gestión Departamental del Riesgo, 2003, p.66)
Resolución 733/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudios de impacto ambiental para sistemas de acueducto.
Resolución 1433/04 Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV
Resolución 2145/05 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
DRAGADO
Resolución 255/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudio de impacto ambiental para dragado marítimo.
Resolución 256/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudio de impacto ambiental para dragado fluvial.
CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Decreto 1729/02 Por el cual se reglamenta la parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto – Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas.
Resolución 872/06 Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 0427/09 del Ministerio de Medio Ambiente Por el cual se prohíbe la fabricación, importación, distribución y comercialización de detergentes que contengan fósforo por encima de los límites máximos establecidos.
Decreto 1640/12 Por medio del cual se reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras disposiciones.
Resolución 509/13 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Por el cual se definen los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del plan de ordenación de la cuenca y se dictan otras disposiciones.
Resolución 953/13 Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 presenta las condiciones para que los entes territoriales financien el pago por servicios ambientales y realicen la adquisición de predios en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico.
Resolución 1907/13 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Por la cual se expide la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.
Resolución 154/14 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el maneo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
NORMAS DEL MEDIO AMBIENTE RELACIONADAS CON EL

TIERRA

Denominación de la norma Materia regulada.
ASPECTOS GENERALES
RESIDUOS SÓLIDOS
Resolución 2309/86 del Ministerio de Salud Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del Decreto-Ley 2811/74 y de la Ley 9S/79, en cuanto a residuos especiales.
Resolución 189/94 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos.
Resolución 541/94 del Ministerio del Medio Ambiente Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Decreto 605/96. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Deroga el Decreto 2104/83. Derogado por el Decreto 1713/02, salvo el Capítulo I del Título IV.
Ley 430/98 Sobre prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional.
Ley 511/99 Por la cual se establece el día nacional del reciclado y del reciclaje.
Decreto 2676/00 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Modificado por los Decretos 2763/01 y 1669/02. Decreto 2695/00- Se reglamenta el artículo 2º de la Ley 511 de 1999, mediante el cual se crea la “Condecoración del Reciclador”. Resolución 120/00 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA. Reglamenta la realización de aforos de residuos sólidos a los usuarios grandes productores.
Resolución 133/00 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA Planes de manejo ambiental para rellenos sanitarios.
Decreto 2763/01 Modifica el Decreto 2676/00. Plazo para la presentación de los Planes de Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares.
Decreto 1669/02 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 residuos hospitalarios.

Derogado Decreto 351/14

Decreto 1713/02 Reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Deroga el Decreto 605 de 1996, salvo el Capitulo I del Titulo IV.

Derogado por el Decreto 2981 de 2013

Decreto 1505/03 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos.
Decreto 838/05 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4126/05 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 residuos hospitalarios.
Decreto 4741/05 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Decreto 2981/13 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
Decreto 351/14 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
Resolución 58/02 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.
Resolución 1164/02 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios v similares.
Resolución 371/09 Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos vencidos.
Resolución 482/09 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han contenido soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis, generados como residuos en las actividades de atención en salud, susceptibles de ser aprovechados o reciclados.
Resolución 1822/09 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1684 de 2008 sobre las actividades de cierre, clausura o restauración ambiental de las celdas transitorias.  
Resolución 1890/11 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se enuncian alternativas para la disposición final de los residuos sólidos en los municipios y distritos que dieron aplicación a lo dispuesto en las resoluciones 1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009 y 1529 de 2010.
USO DEL SUELO
Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables.
Decreto 1180 de mayo de 2003 Licencias Ambientales. Derogado por 1220 ABRIL 2005
Decreto 1200 de 2004 Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan otras disposiciones.
Decreto 2855 de 2006 Por el cual se modifica el Decreto 1974 de 1989 – Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI)
Decreto 1374/13 Por el cual se establecen parámetros para el señalamiento de unas reservas de recursos naturales de manera temporal y se dictan otras disposiciones.
(CECODES, 2005)
Resolución 941/09 del Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se crea el Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR y se adopta el Registro Único Ambiental – RUA
SUSTANCIAS PELIGROSAS
Ley 478/98 Aprueba protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación radioactiva.
Ley 728/01 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, firmada en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980.
Ley 766/02 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, aprobada en Viena el 26 de septiembre de 1986.
Ley 1672/13 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE)
Decreto 1609/02 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera (Plan de Gestión Departamental del Riesgo, 2003, P 74, 75).
Decreto 1443/04 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto – Ley 2811 de 1974, Ley 253 de 1996 y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos.
Resolución 372/09 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos de posconsumo de baterías usadas, plomo, acido y se adoptan otras disposiciones.
Manglares
Resolución 233/99 del Ministerio del Medio Ambiente Estúdios sobre áreas de manglar.
Turismo
Resolución 735/98 del Ministerio del Medio Ambiente Estudios de impacto ambiental para turísticos recreacionales y deportivos.
Licencias ambientales
Ley 99/93, arts. 49 y ss
Decreto 1753/94. Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Subrogado por el Decreto 1728/02.
Decreto 501/95. Planes de manejo y licencias ambientales para la exploración y explotación minera. Se reglamenta la inscripción en el registro minero de los títulos mineros. Modificado por el Decreto 1481/96. Derogado por el Código de Minas.
Decreto 1481/96. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 501 del 24 de marzo de 1995, en lo que respecta a la obtención previa de la licencia ambiental para la inscripción de los aportes en el registro minero nacional. Derogado por el Código de Minas.
Decreto 2183/96. Modifica parcialmente el Decreto 1753 de 1994 sobre licencias ambientales. Los parques públicos, sin perjuicio de las disposiciones locales sobre planificación, sólo requerirán de la presentación ante la autoridad ambiental de una información breve sobre las características y alcances del proyecto a desarrollar. Subrogado por el Decreto 1728/02.
Resolución 655/96 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la solicitud y obtención de la licencia ambiental única establecida por el artículo 132 del Decreto-Ley 2150 de 1995. Derogada Decreto 1728/02. Resolución 1083/96 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se ordena el uso de fibras naturales en obras, proyectos o actividades objeto de licencia ambiental.
Decreto 788/99. Modifica el artículo 23 del Decreto 1753/94 sobre licencias ambientales para sísmica- Subrogado Decreto 1728/02.
Decreto 1892/99. Por el cual se determinan proyectos de condominios, urbanizaciones y centros comerciales que requieren de licencia ambiental- Deroga el Ns 19 del artículo 8 del Decreto1753/94
Decreto 2353/99. Modifica parcialmente el Decreto 1753 de 1994, sobre competencias en materia de licencias ambientales. Subrogado Decreto 1728/02.
Resolución 1317/00 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen unos criterios para el otorgamiento de la licencia ambiental para el establecimiento de zoocriaderos.
Decreto 1728/02. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre la licencia Ambiental. Sustituye los artículos 20 y 23 del Decreto 622 de 1977, el Decreto 1753 de 1994, el Decreto 2183 de 1996, el artículo 8° literal b) y el artículo 9 del Decreto 2233 de 1996, el Decreto 788 de 1999, el Decreto 1892 de 1999, el Decreto 2353 de 1999 y la Resolución 655 de 1996 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente porcentaje de los gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en relación con los servicios de evaluación y seguimiento y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1220 de 2005 Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 3573 de 2011 Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – y se dictan otras disposiciones.
Incendios forestales
Decreto 2340/97. Medidas para la organización en materia de prevención y mitigación de incendios forestales.
Energía
Resolución 447/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del plan de manejo ambiental para la construcción y operación de Iíneas de flujo que utilicen el mismo derecho de vía de una Iínea de flujo o conducción existente.
Resolución 668/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia para elaborar el diagnóstico ambiental de alternativas para Líneas de transmisión eléctrica y subestaciones.
Resolución 669/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia para elaborar el diagnóstico ambiental de alternativas para centrales termoeléctricas.
Resolución 670/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia para elaborar el estudio de Impacto ambiental para centrales termoeléctricas.
Resolución 671/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia para diagnóstico ambiental de alternativas para centrales hidroeléctricas.
Resolución 672/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia para elaborar el estudio de Impacto ambiental para líneas de transmisión eléctrica y subestaciones.
Resolución 673/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia para elaborar el estudio de impacto ambiental para centrales hidroeléctricas.
Resolución 501/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Planes de manejo ambiental para centrales hidroeléctricas.
Resolución 666/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Planes de manejo ambiental para centrales termoeléctricas.
Resolución 734/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudios de Impacto ambiental para centrales generadoras de energía eléctrica y tendido de líneas de transmisión.
Resolución 2101/09

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Por el cual se definen actividades para proyectos del sector eléctrico que cuenten con licencia ambiental o plan de manejo ambiental, las cuales no requieren del trámite de modificación.
Ley 1715/14 Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional
Estaciones de servicio
Resolución 358/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudios de impacto ambiental para estaciones de servicio. Modificada por la Resolución 622/98.
Resolución 622/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Modificada la Resolución 358/98 sobre estaciones de servicio.
Hidrocarburos
Resolución 154/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para conducción de fluidos por ductos en el sector hidrocarburos.
Resolución 155/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para campos de explotación de petróleo o gas.
Resolución 156/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para perforación de pozos en el sector hidrocarburos.
Resolución 157/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de Impacto ambiental para perforación exploratoria en el sector hidrocarburos.
Resolución 158/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para conducción y operación de líneas de flujo en el sector hidrocarburos.
Resolución 159/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para conducción de fluidos.
Resolución 443/97 del Ministerio del Medio Ambiente. Términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para programas de exploración sísmica en el sector de hidrocarburos.
Resolución 222/00. Por la cual se define el Plan de Manejo Ambiental como instrumento administrativo para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental en algunas actividades de exploración en el sector de hidrocarburos.
Resolución 1506/08 Por la cual se señalan los criterios para delimitar los campos de producción de hidrocarburos existentes para efectos de la aplicación de los instrumentos ambientales, se modifican las resoluciones 1137 de 1996 y 482 de 2003.
Minería
Resolución 1168/99 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para operaciones de minería de carbón.
Resolución 1169/99 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los términos de; referencia genéricos para la elaboración del estudio de Impacto ambiental para operaciones mineras de materiales de construcción y minerales Industriales.
Resolución 1170/99 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para explotación de materiales de arrastre.
Resolución 1171/99 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de Impacto ambiental para explotación de oro.
Resolución 1172/99 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de Impacto ambiental para explotación de oro de filón.
Resolución 1173/99 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los términos de referencia genéricos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental para minería de materias Primas y/o los procesos para la fabricación de cemento.
Resolución 180861/02 de los Ministerios de Minas y Energía y del Medio Ambiente. Se adoptan las guías mineroambientales para exploración, explotación, beneficio y transformación.
Decreto 2235/12 Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la decisión No. 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria pesada y sus partes, en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley.
Puertos
Resolución 257/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudios de Impacto ambiental para construcción de infraestructura portuaria fluvial.
Resolución 258/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Diagnóstico ambiental de alternativas para Instalaciones portuarias.
Resolución 259/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudios de Impacto ambiental para construcción de infraestructura portuaria marítima.
Telecomunicaciones
Resolución 744/98 de TELECOM. Se adopta guía de control ambiental para el sector de telecomunicaciones.
Transportes
Resolución 736/98 del Ministerio del Medio Ambiente. Estudios de Impacto ambiental para sistema de transporte masivo.
Decreto 770/14 Por el cual se establece el listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte que cuenten con licencia ambiental o su equivalente.

 

NORMAS DEL MEDIO AMBIENTE RELACIONADAS CON LA

FAUNA

Denominación de la norma Materia regulada.
Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Ley 17 de 1981. Convenio Cites sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
Ley 13 de 1990 Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca.
Ley 356 de 1997 Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio Para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe.
Decreto 1401 de 1997 Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES- y se determinan sus funciones.
Decreto 1420 de 1997 Por el cual se designan las Autoridades Científicas de Colombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES-  y se determinan sus funciones.
Decreto 125 de 2000 Por el cual se modifica el Decreto 1420 de 1997.
Ley 611 de 2000 Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática.
Decreto 1909 de 2000 Por el cual se designan los puertos marítimos y fluviales, los aeropuertos y otros lugares para el comercio internacional de especímenes de fauna y flora silvestre.
Resolución 767 de 2002 Por la cual se establecen una medidas en relación con el manejo de las curtiembres y comercializadoras de productos de fauna silvestre, y se adoptan otras determinaciones.
Ley 807 de 2003 Por medio de la cual se aprueban las enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Decreto 197 de 2004 Por el cual se modifica el Decreto 1909 del 26 de septiembre de 2000.
Decreto 4525 de 2005 Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002 sobre organismos vivos modificados.
Decreto 4688 de 2005 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y la Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.
Decreto 4064 de 2006 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1011 de 2006 y se adoptan otras disposiciones.
Resolución 848 de 2008 Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones.
Resolución 383 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones.
Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por el cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de otras especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1376 de 2013 Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad bilógica con fines de investigación científica no comercial.
Decreto 3016 de 2013 Por el cual se  reglamenta el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales.

CAPITULO IV

EJERCICIO PARA REDACTAR DEMANDAS DE ACCION POPULAR

Para tener éxito en la redacción de una demanda de acción popular le recomendamos realizar el siguiente ejercicio:

  1. OBSERVAR EL PROBLEMA DE LA FOTOGRAFIA.
  2. RESPONDER CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN EL “FORMATO DE MATRIZ PARA REALIZAR UNA DEMANDA DE ACCION POPULAR”.
  3. ESCRIBIR LA INFORMACION RECOLECTADA EN LA MATRIZ AL LUGAR QUE SE LE INDICA EN EL “FORMATO EN BLANCO DE DEMANDA PARA ACCION POPULAR”
  4. COMPARAR SU PROYECTO DE DEMANDA CON EL FORMATO DE DEMANDA REALIZADO POR MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN LA CASA DE JUSTICIA DE SILOE DE LA CIUDAD DE CALI.
  5. AJUSTAR SU PROPUESTA EN LOS ASPECTOS QUE CONSIDERE.
  6. PRACTICAR CON OTRO CASO.
  7. INVITAR A UN COMPAÑERO A REALIZAR  ESTE EJERCICIO.
  8. PRACTICAR CON UN CASO REAL QUE USTED CONOZCA.
  9. ANIMARSE A PRESENTAR UNA DEMANDA, PORQUE YA TIENE TODOS LOS PARAMETROS NECESARIOS.

ES USUAL ENCONTRAR EN LOS DIARIOS DENUNCIAS CIUDADANAS COMO ESTA

MATRIZ GUIA PARA LA REDACCION DE UNA DEMANDA DE ACCION POPULAR

PREGUNTESE RESPONDA UBIQUE EN LA DEMANDA
A. ¿Cuál es su nombre y su identificación? Referencia. Actor:

Introducción.

B ¿Si usted fuera periodista cómo titularía la situación que lo motiva a demandar? Introducción.
C ¿Cuál es su dirección? Numeral 9 NOTIFICACIONES
D.

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

¿En que lugar esta ubicado el problema?

¿Cuáles son las características físicas o técnicas del lugar o de la obra pública?

¿En qué afecta a la ciudadanía el problema?

¿Es la situación un hecho notorio para las autoridades?

¿Conoce usted de quejas presentadas a las autoridades en al problema? Cómo respondieron?

Numeral 3 HECHOS U OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCIÓN.
E ¿Qué pruebas puede aportar usted o cuáles esta seguro que al practicarse ratifican cada una de las afirmaciones descritas en la respuesta anterior?

(Para lo descrito en el D.1, D.2, D.3  y así sucesivamente. …

Numeral 7 PRUEBAS.

Las que se aportan deben coincidir con lo que se describe en numeral 8 ANEXOS.

F ¿Qué derechos colectivos pretende usted proteger con la demanda? Mencione la norma si la conoce. Numeral 4

DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS AMENAZADOS O VULNERADOS

G. ¿Por qué considera vulnerado cada derecho mencionado? Numeral 4.

Ubicar en la tercera columna del cuadro frente a cada derecho enunciado.

H ¿Cuáles son las soluciones que usted plantea para proteger el derecho?

Conteste esta pregunta simultáneamente con la del literal siguiente.

Especifique que actuación debe adelantar cada entidad o persona para solucionar el problema.

Numeral 5.

ENUNCIACION DE LAS PRETENSIONES.

I ¿Qué persona (natural o jurídica o de derecho público) considera usted que debe prestar su concurso para solucionar el problema? Incluya nombre representante legal y dirección. Ref.  Demandados:

Numeral 2.

INDICACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES. Nombre de la entidad, representante legal y dirección que se lleva a Numeral 9 NOTIFICACIONES.

Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI.

Santiago de Cali.

REF: Proceso: Acción popular para la protección de derechos e intereses   colectivos.

Demandados: (Departamento, Municipio, Establecimiento Público o etc.)  

Accionante:

(nombre del accionante)       (A)            , respetuosamente acudo ante su despacho para promover una Acción Popular; suscitada en una vulneración a los derechos colectivos que he determinado titular  ______(B)_______________________________________________________.

Demanda que se atempera a las previsiones del artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y que se consigna en los siguientes acápites:

 

  • IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE.

 

Para los fines de ésta demanda y la posterior intervención procesal declaro que mis nombres y apellidos son como ya quedaron escritos; mayor de edad; identificado con la cédula de ciudadanía número _____(A)______ de ____A)________ , vecino de esta ciudad donde tengo mi residencia particular en la  ____(C)_________ del barrio __(C)_____ Teléfono __(C)_____.

Por mandamiento del numeral primero del artículo 12 de la ley 472 de 1998, toda persona natural puede ser titular y ejercitar las acciones populares. En consecuencia, ruego que se me reconozca la legitimidad de la personería para ejercitar e intervenir en esta Acción Popular.

 

  • INDICACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.

 

Esta demanda se dirige contra las autoridades públicas que a continuación se relacionan como directos responsables de los hechos, actuaciones u omisiones que la motivan:

  • __(denominación del ente territorial______(I)_________, representado por el señor ____(I)__________o quien haga sus veces, por omisiones de las siguientes dependencias o entidades adscritas a este ente territorial, las cuales son: ________(I)_____,________________,________________.
  • ___(nombre de pila del mandatario correspondiente)________representada legalmente por el señor

Como esta Acción Popular se origina en actos, acciones u omisiones de entidades públicas, le corresponde conocer de ella a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; siendo competente el Juzgado Administrativo a su digno cargo.

De encontrar su despacho que la denominación de las entidades que considero responsables no es la correcta, o que los representantes legales no son los indicados o que existen otras personas o entidades responsables, de manera muy comedida solicito a su señoría se sirva dar aplicación al artículo 14 de la Ley 472 de 1998.

  • HECHOS U OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCION.

El Despacho encontrará fundada mi acción en los hechos, actos, acciones u omisiones que constituyen una violación o perjuicio a los derechos e intereses colectivos de la comunidad, circunstancias de facto que se jerarquizan así:

3.1  (D)

3.2  (D)

3.3  (D)

  1. DERECHOS O INTERES COLECTIVOS AMENAZADOS O VULNERADOS.

Considero que los hechos, actos, acciones u omisiones expuestos en el acápite anterior configuran una amenaza o vulneración de los derechos o intereses colectivos que a continuación se presentan:

Determinación constitucional o legal del Derecho Colectivo. Norma Protectora Porqué esta vulnerado o amenazado.
(F) (F) (G)
(F) (F) (G)
  1. ENUNCIACION DE LAS PRETENSIONES.

Que se solucione técnicamente de manera  definitiva y con carácter urgente la circunstancia que esta creando el uso indebido de la zona ubicada en__(D 1)_________________. Para ello las entidades demandadas deberán proceder así: (Mencionar la entidad y la actividad que esta debe realizar para solucionar el problema cuando hay omisiones de función. Tratándose de vulneración por acción se mencionará que actividad debe ser suspendida.)

5.1. Que se ordene a __(I)   realizar la siguiente actividad (H)

5.2. Que se ordene ___  (I) suspender la siguiente actividad (H)______

NOTA: ( y así sucesivamente el número de pretensiones necesarias y la vinculación de actividades u omisiones del caso  de acuerdo a las necesidades del caso.)

6 PETICIÓN ESPECIAL EN DERECHO:

Que en mi condición de demandante en una Acción Popular se me fije y recompense en los términos del artículo 1005 del Código Civil y se me indemnice de todas las costas de la acción y se me pague lo que vale el tiempo y la diligencia empleada de mi parte en la presentación de la demanda y participación en el proceso, en los términos del artículo 2360 del Código Civil.

Precepto que puede reconocerse puesto que a criterio de la H. Corte Constitucional, cuando revisó la Constitucionalidad del derogado incentivo del artículo 39 de la Ley 472 de 1998, mayo 11 de 2004, Magistrado Ponente Jaime Araujo Renteria, se expresa que : “El incentivo económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no existir sería una carga desproporcionada para quien inicia la acción”.

  1. PRUEBAS. (Enuncie una a una las pruebas (E) para probar cada uno de los hechos (D) especificando cuáles deben practicarse y cuales aporta con la demanda.)

7.1 Que se solicitan:  

7.2 Que se adjuntan: (Expresar en cada prueba cuál hecho se pretende demostrar con ella y el número de folios que contiene el documento).

  1. DE LOS ANEXOS. (E).
  • Los documentos detallados como pruebas adjuntas en el numeral 7.2. los cuales constituyen un total de ______ folios. o _______videos—-
  • Copias de la demanda y los anexos para traslado a las entidades demandadas (I)
  • Una copia de la demanda y sus anexos para la Defensoría del Pueblo.
  • Una copia de la demanda y sus anexos para el Ministerio Público.
  • Si se actúa en ejercicio de un poder o se ostenta la condición de representante legal de una entidad, se relacionan y anexan el poder o la certificación correspondiente.
  1. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES.

Cuando a ello hubiere lugar, respetuosamente solicito que se me hagan personalmente en la forma como lo previene el numeral quinto del artículo 314 del Código de Procedimiento Civil en la siguiente dirección ___(C)______________________________.

Las partes demandadas a través de sus representantes legales, o quien hagan sus veces, las recibirán en las siguientes direcciones:

________(I)____________

Cordialmente,

Firma

Nombre y cédula del accionante.

Señor:

JUEZ ADMINISTRATIVO (Reparto)

Santiago de Cali.

REF: Proceso: Acción popular para la protección de derechos e intereses colectivos.

Demandados: Municipio de Cali EMSIRVA ESP. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI.

Accionante: Heriberto Reyes.

Heriberto Reyes Reyes, respetuosamente acudo ante su despacho para promover una Acción Popular; suscitada en una vulneración a los derechos colectivos que he determinado titular INUNDACIÓN DE ESCOMBROS.

Demanda que se atempera a las previsiones del artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y que se consigna en los siguientes acápites:

  1. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE.

Para los fines de ésta demanda y la posterior intervención procesal declaro que mis nombres y apellidos son como ya quedaron escritos; mayor de edad; identificado con la cédula de ciudadanía número 67.888.290 de Florida Valle, vecino de esta ciudad donde tengo mi residencia particular en la carrera 44 No -1-35, del barrio Siloé Teléfono 3333338.

Por mandamiento del numeral primero del artículo 12 de la ley 472 de 1998, toda persona natural puede ser titular y ejercitar las acciones populares. En consecuencia, ruego que se me reconozca la legitimidad de la personería para ejercitar e intervenir en esta Acción Popular.

 

  • INDICACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.

 

Esta demanda se dirige contra las autoridades públicas que a continuación se relacionan como directos responsables de los hechos, actuaciones u omisiones que la motivan:

  • EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, representado por el señor Alcalde APOLINAR SALCEDO o quien haga sus veces, por omisiones de las siguientes entidades adscritas a este ente territorial, las cuales son: Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud Municipal.
  • EMSIRVA ESP representada legalmente por el señor JULIAN SEPULVEDA GARCIA o quien haga sus veces.
  • EMCALI representada legalmente por el señor CARLOS ALFONSO POTES o quien haga sus veces.
  • POLICIA AMBIENTAL Y COMUNITARIA. Bajo la dirección del Señor Comandante Capitán Harold Mauricio Barrera Gantiva.

Como esta Acción Popular se origina en actos, acciones u omisiones de entidades públicas, le corresponde conocer de ella a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

De encontrar su despacho que la denominación de las entidades que considero responsables no es la correcta o que la representación legal corresponde a otra persona o que existen otras personas o entidades responsables, de manera muy comedida solicito a su señoría se sirva dar aplicación al artículo 14 de la Ley 472 de 1998.

 

  • HECHOS U OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCION.

 

El Despacho a su digno cargo encontrará fundada mi acción en los hechos, actos, acciones u omisiones que constituyen una violación o perjuicio a los derechos e intereses colectivos de la comunidad a la cual pertenezco, circunstancias de facto que se jerarquizan así:

3.1 En la autopista Simón Bolívar con calle  23 de la ciudad de Santiago de Cali, se encuentra ubicado un puente sobre el canal que hace parte de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad y tiene como fin recoger los desagües de aguas lluvias del sector.

3.2 Por las condiciones actuales del verano, el canal se encuentra seco. Ello ha conllevado a que personas que carecen de educación ciudadana, tomen el lugar como escombrera para depositar muebles viejos y toda clase de basuras, principalmente desperdicios de materiales de construcción.

3.3 El canal se encuentra además lleno de maleza y atascado de lodo. Lo cual ha causado inundaciones en fechas anteriores.

3.4 Estas circunstancias ocasionan la aparición de moscas, zancudos, cucarachas, ratas y toda clase de animales nocivos para la salud de las personas del sector.

3.5 Además es un foco de inseguridad ya que aprovechándose del abandono en que se encuentra el puente, los amigos de lo ajeno hacen de las suyas asaltando a cuanto transeúnte pasa por el puente en horas del día y o la noche. El lugar adolece de una total presencia de estado.

3.6 Los habitantes del sector presentan epidemias de dengue en épocas húmedas, por los encharcamientos del canal.

3.7 En repetidas ocasiones se le ha solicitado a distintas autoridades del municipio de Cali por medio de peticiones escritas, tomar partido y actuar para darle solución a este problema, pero no hemos recibido una respuesta concreta que nos ayude a erradicarlo definitivamente.

3.8 Es tan notoria la situación que los medios de comunicación ya se han ocupado de hacer la denuncia a la opinión pública. El periódico El País de fecha 7 de agosto de 2005, presenta una denuncia grafica de la situación mencionada.

 

  • DERECHOS O INTERES COLECTIVOS AMENAZADOS O VULNERADOS.

 

Considero que los hechos, actos, acciones u omisiones expuestos en el acápite anterior configuran una amenaza o vulneración de los derechos o intereses colectivos que a continuación se presentan:

Determinación constitucional o legal del Derecho Colectivo. Norma Protectora Porqué esta vulnerado o amenazado.
Derecho a un ambiente sano y a la salud y saneamiento ambiental. Artículos 49, 78, 79  CN. La situación expuesta es un foco de plagas y amenaza desarrollo de epidemias como el dengue.
Derecho a disfrutar el espacio público. Artículo 82 CN Se trata de una vía pública que no cuenta con las coediciones idóneas para su uso y disfrute.
Derecho a la seguridad ciudadana. Artículo 2, 88 CN. No solo se vulnera la seguridad personal por los ataques de delincuentes en el sector sino la tranquilidad colectiva al existir una total desconfianza sobre la protección que debe ofrecer el estado a los asociados.
Prevención de desastres. Artículo 49 CN y Código sanitario. Los escombros pueden causar represamientos del alcantarillado en el momento de una fuerte lluvia, lo cual conlleva inundación de calles y viviendas.

El posible desarrollo de epidemias propagadas por las plagas que se incuban en el alcantarillado de aguas lluvias, es un desastre previsible.

El derecho al ornato publico y al paisaje Las condiciones actuales del lugar producen contaminación visual, agrediendo el paisaje urbano y sus zonas verdes.
  1. ENUNCIACION DE LAS PRETENSIONES.

Que se solucione técnicamente de manera  definitiva y con carácter urgente la circunstancia que está creando el uso indebido de la zona ubicada en la autopista Simón Bolívar con calle  23 de la ciudad de Santiago de Cali. Para ello las entidades demandadas deberán proceder así:

5.1. Que se ordene a la alcaldía municipal para que a través de la Secretaria de Gobierno coordine con la Policía Metropolitana de Cali, las acciones que garanticen la seguridad del sector y jornadas de cultura ciudadana.

5.2. Que se ordene a EMSIRVA recoger el material de escombros depositado en el canal de aguas lluvias ubicado en la autopista Simón Bolívar con calle 23 de la ciudad de Santiago de Cali.

5.3 Que se ordene a EMCALI, la limpieza de lodo y maleza del caño de aguas lluvias y su mantenimiento permanente, además de levantar una maya que ofrezca protección al lugar.

5.4 Que se ordene a la Alcaldía de Cali para que mediante gestión del Dagma , se vele por la protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, coordinando acciones preventivas que impidan el lugar vuelva a convertirse en un foco de perturbación a las garantías constitucionales expuestas en el acápite número 4.

5.5 Se ordene a la secretaria de salud jornadas de fumigación y erradicación de vectores y plagas  igualmente jornadas de vacunación.

5.6 Que se ordene al Dagma la señalización del lugar con avisos educativos, preventivos y coercitivos anunciando la prohibición de botar basuras en este lugar y las multas que acarrea esta clase de conducta ciudadana.

5.7 Que se ordene a la Policía Ambiental, realizar presencia y jornadas de educación ambiental y cultura ciudadana.

  1. PETICIÓN ESPECIAL EN DERECHO:

Que en mi condición de demandante en una Acción Popular se me fije y recompense en los términos del artículo 1005 del Código Civil y se me indemnice de todas las costas de la acción y se me pague lo que vale el tiempo y la diligencia empleada de mi parte en la presentación de la demanda y participación en el proceso, en los términos del artículo 2360 del Código Civil.

Precepto que puede reconocerse puesto que a criterio de la H. Corte Constitucional, cuando revisó la Constitucionalidad del derogado incentivo del artículo 39 de la Ley 472 de 1998, mayo 11 de 2004, Magistrado Ponente Jaime Araujo Renteria, se expresa que: “El incentivo económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no existir sería una carga desproporcionada para quien inicia la acción”.

  1. PRUEBAS.

7.1 Que se solicitan:

  • Inspección judicial si el señor Juez así lo considera a pesar de  lo notorio de los hechos.
  • Que se oficie a los periódicos El País de Cali y al Diario Occidente de esta ciudad para que confirmen las publicaciones sobre inundaciones en el sector de la Autopista Simón Bolívar con calle 23 de fechas 5 de noviembre de 2001. Y para que el Periódico el País expida copia autentica de la publicación del 07 de agosto de 2005 en la columna denominada “foto denuncia”, pagina del lector A15.

7.2 Documentales:

  • Fotografías que demuestran lo narrado en el hecho 3.1. Son 3 folios.
  • Recorte del periódico El País 07 de agosto 2005 en el cual se mencionó el problema. Demuestra lo narrado en hecho 3.8.
  • Video del lugar. Tomas del sector y entrevistas a vecinos. Demuestra lo narrado en hechos 3.2, 3.4, 3.5.
  • Copia de las peticiones relacionadas con el tema de la demanda, presentadas a diferentes autoridades administrativas con sede en la ciudad de Cali. Se observa en todas ellas el sello de recepción o radicado correspondiente. Demuestra lo narrado en hecho 3.7. Son cinco folios.
  • Fotocopia de publicación de los periódicos El País y Occidente del día 5 de noviembre de 2001 en la cual se muestra gran inundación del sector. Demuestra lo narrado en hecho 3.3. Son dos folios.
  • Formulas médicas, consultas, hospitalizaciones de niños del sector. Demuestra lo narrado en el hecho 3.6. Son 10 folios.
  1. DE LOS ANEXOS.

Los documentos detallados como pruebas adjuntas en el numeral 7.2. Total de folios: 15.

  • Video formato VHS con quince minutos de grabación debidamente marcado con referencia de la demanda.
  • Cuatro copias de la demanda y los anexos para traslado a las entidades demandadas, las cuales son:

-Primera copia para: Municipio de Cali, esta copia es valida para el DAGMA, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno, puesto que son dependencias del municipio que no cuentan con personería jurídica propia y su notificación se surte con la realizada al representante legal del municipio.

-Segunda, tercera y cuarta copia para: EMSIRVA, EMCALI Y POLICIA NACIONAL (Policía Ambiental).

  • Una copia de la demanda y sus anexos para la Defensoría del Pueblo.
  • Una copia de la demanda y sus anexos para el Ministerio Público.
  • Una copia de la demanda sin anexos para archivo del Tribunal.
  1. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES.

Cuando a ello hubiere lugar, respetuosamente solicito que se me hagan personalmente en la forma como lo previene el numeral quinto del artículo 314 del Código de Procedimiento Civil en mi residencia ubicada en la carrera 44 No -1-35, del barrio Siloé Teléfono 3333338.

Las partes demandadas a través de sus representantes legales, o quien hagan sus veces, las recibirán en las siguientes direcciones:

Municipio de Cali Avenida 2 N Calle 10 y 11 CAM.

EMSIRVA ESP en:  Carrera 61 No 9-250 de la ciudad de Santiago de Cali.

EMCALI en: CAM Torre EMCALI Piso 3.

POLICIA AMBIENTAL Y COMUNITARIA: Carrera 1ª Calle 34 Cali.

Del señor Juez,

HERIBERTO REYES.

C.C 67.888.290 de Florida Valle.

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